26 de noviembre de 2009

DECLARACIÓN DE MANAOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático constituye uno de los más críticos y urgentes desafíos de la actualidad, que sólo puede ser enfrentado de manera efectiva por intermedio de un esfuerzo global, para el cual cada país contribuya según sus plenas capacidades, en cumplimento del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Tal esfuerzo tiene como único ámbito legítimo el marco multilateral global. Puesto que el cambio climático nos afecta a todos, debemos todos tomar parte en los procesos que decide cómo se lidiará con él.

Reafirmamos nuestro compromiso con los principios y disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de su Protocolo de Kyoto, en particular, con el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. El desafío que se nos presenta no requiere redefiniciones del régimen existente, que equilibra adecuadamente derechos y deberes de las diversas naciones, sino que exige que se cumplan plenamente los compromisos acerca de mitigación, adaptación y provisión de medios de implementación asumidos en el proceso de la CMNUCC desde 1992, y los distintos mandatos del Plan de Acción de Bali y del Protocolo de Kyoto en referencia a sus períodos de compromisos subsiguientes.

Intensificaremos nuestro diálogo regional, con el objetivo de obtener un resultado ambicioso, efectivo y equitativo en la 15a Conferencia de las Partes de la CMNUCC, asegurándonos de que él traduzca adecuadamente los intereses de la región y promueva su desarrollo sostenible.

Exhortamos a todos los países desarrollados a reducir significamente sus emisiones, de acuerdo con sus responsabilidades históricas. La adopción de compromisos de reducción cuantificados ambiciosos para el conjunto de sus economías de parte de todos ellos es esencial para que su esfuerzo de mitigación esté al nivel de, al menos, la recomendación de reducción del 40 por ciento del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) y compatible con la necesidad de proteger el sistema climático. Exhortamos a todos los países desarrollados, incluyendo las Partes del Anexo I que no son miembros del Protocolo de Kyoto, a presentar números claros, detallados e incondicionales para sus compromisos en la 15ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC, considerando que son un elemento clave para permitir un resultado acordado. En ese contexto, apoyamos enérgicamente la continuidad de la eficacia legal del Protocolo de Kyoto, de acuerdo con su artículo 3.9.

Para profundizar las acciones de mitigación y adaptación de los países en desarrollo, el flujo de apoyo financiero y tecnológico nuevo y adicional de los países desarrollados tiene que aumentar significativamente y suficientemente, al corto, mediano y largo plazo. Los compromisos financieros de los países desarrollados acordados bajo la CMNUCC deben ser cumplidos plenamente, lo que es la responsabilidad de los Gobiernos. En ese contexto, el papel de una financiación pública internacional reforzada, más allá de la ayuda oficial al desarrollo, debe jugar un papel central. Por eso, reafirmamos la propuesta del Grupo de los 77 y China según la cual los países desarrollados deben destinar entre 0.5 y 1.0% de su PIB a acciones en clima de parte de los países en desarrollo. Exhortamos a todos los países desarrollados a presentar en la 15ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC sus compromisos cuantificados de financiación pública como apoyo a acciones de adaptación y mitigación de parte de países en desarrollo, construcción de capacidades y tranferencia tecnológica, tal y como se acordó en el Plan de Acción de Bali. Nuestros países destacan que eso es una base necesaria y crucial para lograr un resultado acordado en Copenhagen.

Países en desarrollo también deberían contribuir a la lucha global en contra del cambio climático con acciones de mitigación apropiadas a sus realidades nacionales, posibilitadas y apoyadas por recursos financieros internacionales provenientes de países desarrollados y transferencia tecnológica adecuada y oportuna en el contexto de sus políticas de desarrollo económico y social. Un instrumento podría ser creado para proporcionar la medición, comunicación y verificación de acciones y apoyo. Acciones no apoyadas deberían ser internacionalmente reconocidas. Nuestras naciones se esforzarán por garantizar que crecimiento económico sustentable, inclusión social y sostenibilidad climática sean tratados de modo convergente y armonioso.

Se debe lidiar con el cambio climático en el ámbito de un sistema económico internacional abierto y propicio, como indicado en la CMNUCC. Medidas presentadas por países desarrollados como parte de un esfuerzo de mitigación no deben ni engendrar restricciones unilaterales al comercio ni reforzar proteccionismo comercial. De igual modo, todo potencial impacto económico, social o ambiental en países en desarrollo de medidas de respuesta de países desarrollados deberá ser analizado y minimizado.

La adaptación tiene de ser una preocupación crucial en el régimen de cambio climático. Enfatizamos la responsabilidad histórica de los países desarrollados por el cambio climático. Nuestros países, nuestros pueblos y nuestro desarrollo ya están sufriendo su impacto y eso continuará en el futuro. Esa carga adicional generada por el cambio climático es un asunto relevante para todos los países en desarrollo cuya superación exige apoyo internacional suficiente y previsible, por cuestiones de equidad.

La selva amazónica, una de las selvas más pristinas del mundo, cumple funciones necesarias para la vida, posee una riqueza abundante en diversidad cultural y biológica, desempeña papel importante en el sistema climático global y provee servicios ambientales fundamentales. También es la base de la existencia de numerosos grupos indígenas, incluyendo grupos en aislamiento voluntario y comunidades locales. Además, ofrece oportunidades cruciales de desarrollo sostenible a la amplia población que vive en la región y conserva valores culturales y espirituales de pueblos indígenas y comunidades locales. La selva amazónica representa una herencia de nuestros pueblos y de nuestros países. Estamos determinados a protegerla y a utilizar sus recursos de manera sostenible y con respeto a los derechos de los grupos indígenas y comunidades locales, y a los hábitats que ancestralmente han habitado, de acuerdo a la legislación nacional.

La selva amazónica es particularmente sensible y vulnerable a los efectos del cambio climático, lo que amplía nuestra determinación en enfrentarse al tema. Al mismo tiempo, actividades sostenibles relacionadas a la selva proveen opciones efectivas para que se logre mitigación significativa del cambio climático y también la urgente adaptación de personas y ecosistemas a sus impactos negativos. Generar financiamiento adecuado y previsible para tales actividades es crítico. Defendemos la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, el papel de la conservación, del manejo forestal sustentable y del aumento de resevorios de carbono forestales, dentro del régimen de cambio climático, con ayuda financiera y tecnológica internacional apropiada para cada una de ellas y protección de la diversidad biológica. Las selvas están en el centro de nuestras políticas de mitigación y creemos que deben constituir parte importante del resultado que se alcanzará en Copenhagen.

Los países de la región amazónica saludan la iniciativa de los gobiernos de Brasil y Francia en la búsqueda de soluciones definitivas, mas allá de las actuales negociaciones, al problema del cambio climático.

Actividades del Sector Relaciones Exteriores(27/11/2009)

Argentina y su rol de cara a la COP15

Noticia El Argentino (Buenos Aires)
www.elargentino.com 
26/11/09
 
Desde la era preindustrial, la temperatura media de la Tierra se ha incrementado más de 0,6ºC y se estima que de no implementar acciones concretas para reducir la concentración de gases de efecto invernadero (GEIs) en la atmósfera, por parte de todos los países, el aumento podrá alcanzar entre 1,4ºC y 5,8ºC para el año 2100. Ante este escenario, Argentina participa activamente de las negociaciones internacionales con vistas de alcanzar un acuerdo climático post2012 que rija bajo el principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” de todas las naciones en la lucha contra este fenómeno.

“La ausencia de un compromiso cuantitativo de reducción de emisiones de los Estados Unidos, la indefinición de las metas para los países desarrollados en un segundo período de compromiso en el Protocolo y la falta de claridad sobre el tipo de participación de los países en desarrollo con respecto a las acciones de mitigación global son, en la actualidad, objeto de la mayor atención en el ámbito de la negociación internacional”, las responsabilidades son comunes pero diferentes según los países, explica Nazareno Castillo, director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación respecto a lo que se debatirá en la Quinceava Conferencia de las Partes (COP 15) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realizará a fin de año en Copenhague, Dinamarca.

En el 2012 vence la primera etapa del Protocolo de Kyoto -aprobado y ratificado por 184 países- que impone la reducción de al menos un 5 por ciento de las emisiones de GEIs de los países desarrollados respecto a sus niveles en 1990. Además, según el Plan de Acción de Bali (PAB) redactado durante la COP 13 realizada en Indonesia, las Partes se comprometieron a alcanzar, hacia el 2009, un acuerdo con metas más ambiciosas para mejorar el régimen climático.

El PAB hace foco en cuatro aspectos centrales: acciones de Mitigación, Adaptación, Transferencia de Tecnología y Flujos Financieros de los países industrializados hacia las naciones con menores recursos.

Para estos últimos, dada la vulnerabilidad que presentan y el bajo índice de emisiones que significan en el total global, la adaptación a los nuevos escenarios climáticos debe ser el eje de sus políticas para enfrentar este fenómeno.

En especial, teniendo en cuenta que las comunidades locales no poseen tecnología, infraestructura adecuada y medios idóneos para absorber o amortiguar los efectos de estos impactos.

No es casual que suelan ser “las más vulnerables a todo tipo de cambio en las condiciones de partida”, por lo que es necesario la “articulación con políticas sectoriales”, opina Osvaldo Girardín, Director del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche y miembro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

Ese contexto conlleva desafíos y oportunidades para la Argentina, donde la base agropecuaria de su economía depende del clima. “Los desafíos se vinculan con la necesidad de orientar los modelos de producción actuales hacia modelos menos intensivos en emisiones” –indica Castillo– y “las oportunidades –agrega– surgen del marco que se geste para apoyar estas transformaciones, incluyendo el apoyo financiero y tecnológico”.

En esa línea, la secretaría de Ambiente de la Nación reunió a autoridades de otras agencias de Estado; representantes de las principales universidades Argentina afronta desafíos, ya que gran parte de su economía depende del clima.

Argentina propuso la creación de un mecanismo que permita de financiación de acciones de adaptación y mitigación que incluya tecnología y desarrollo de capacidades, en los países en vías de desarrollo, por parte de las naciones más ricas.

“Lo nuevo que introduce esta propuesta es que hace foco en las acciones concretas, es decir, solicita la transferencia de tecnología y de fondos destinados a planes específicos que presenten estos países”, explica Gabriel Blanco, Coordinador de Cambio Climático de la SAyDS.

Las iniciativas en adaptación se efectivizarían a partir de un Fondo de Adaptación integrado por los estados responsables históricos de las emisiones.

En tanto, las acciones de mitigación tendrían tres fuentes de financiación: un Fondo de Mitigación para cuestiones estructurales; mecanismos de mercado a través de bonos de carbono y préstamos de organismos multilaterales.

21 de noviembre de 2009

El comercio del CO2 es una nueva forma del colonialismo

Tamra GILBERTSON I Activista contra el «negocio» del carbono
Estadounidense de origen y residente en Gijón, es una de las fundadoras de Carbon Trade Watch, un proyecto del Transnational Institute (TNI), una red internacional de investigadores. Participa en el proyecto desde 2001 y fue una de las fundadoras del Grupo de Durban por la Justicia Climática. Es coautora de «Comercio de emisiones: qué es y por qué no funciona».

Joseba VIVANCO |


Con el enésimo fracaso sobrevolando la inminente cumbre sobre el clima en Dinamarca, esta veterana activista se ha acercado a Bilbo, invitada por Ekologistak Martxan, para hablar sobre un aspecto menos conocido de este debate: ``Copenhague 09-¿Justicia climática o carbonocracia?''

Un activista indio, Soumitra Ghosh, afirmó que «éste es el mercado más absurdo e impensable que la civilización humana haya visto». Se refería al comercio del carbono como una de las medidas para luchar contra el calentamiento global. ¿Qué esconde este nuevo e intangible negocio del CO2?

Bien. En los noventa, Naciones Unidas empezó a luchar contra el cambio climático, hasta llegar al Protocolo de Kyoto. En principio, la intención era reducir los niveles de contaminación a la atmósfera, pero llegaron las presiones de EEUU, Australia y Canadá y con ellas la introducción de mecanismos dirigidos a esa reducción, un mercado de emisiones pero dentro del mercado libre. Europa dijo no al principio, pero luego cedió a las presiones, a Al Gore (sonríe)... Así que el Protocolo incluyó unos mecanismos que permiten, unos, negociar entre los países del Norte la compra-venta de cuotas de carbono, y otros, invertir en proyectos que permitan a las industrias contaminantes del Norte compensar sus emisiones invirtiendo en proyectos limpios en el Sur.

Pero ustedes lo que denuncian es que ésa era la teoría...

Es que, en primer lugar, los límites de emisiones fijados para las empresas no se fijaron a la baja, sino al alza. Las empresas contaminantes, por un lado, gracias a ese negocio de cuotas de carbono entre los países del Norte, están recibiendo mucho dinero, como aquí Iberdrola o Endesa. La otra media, la conocida como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que permite invertir en proyectos limpios en países del Sur, te puedo decir que yo he viajado mucho para ver de cerca estos proyectos, y muchos van dirigidos a seguir explotando petróleo, carbón, hierro. Es otra capa más de problemas para las comunidades de esos países. Esta medida, para los países en el Norte es una luz verde para continuar produciendo carbono. No es una solución para luchar contra el cambio climático. No es una manera de rebajar emisiones, es una forma de continuar explotando los recursos fósiles, cuando lo que habría que hacer es dejarlos donde están, bajo tierra.

Lo que sí parece evidente es que se adoptaron mecanismos de compensación de emisiones, pero no un control.

Así es. Porque quién tiene la responsabilidad de luchar contra el cambio climático... ¿Los países del Sur? No. Lo que estamos asistiendo es a una nueva forma de colonialismo. En la práctica, los Mecanismos de Desarrollo Limpio dan carta blanca para seguir contaminando en el Norte, donde empresas y gobiernos tienen una opción barata para seguir sus negocios, y en el Sur, donde los proyectos MDL que generan la mayoría de créditos garantizan subvenciones a algunas de las empresas más contaminantes del mundo.

Esto siembra dudas sobre si los gobiernos más ricos se creen realmente la lucha contra el calentamiento global o sólo es un lavado de imagen...

Yo creo que hay mucha gente que tiene clara esa lucha, pero no podemos olvidar la enorme presión de las grandes empresas y multinacionales. Sólo hay que fijarse en cumbres últimas como las de Poznan o Bali, había más representantes allí del lobby empresarial que de las ONG. Estas reuniones internacionales, las llamadas COP (Conferencias de las Partes), son más una feria de negocios que una cumbre de Naciones Unidas. Y lo mismo ocurre con la representatividad de los países: en Bali había más de un centenar de delegados de EEUU y sólo dos de Ghana... Detrás de esto hay mucho de dinero y de poder. Por ejemplo, en Panamá, indígenas están luchando contra una hidroeléctrica impulsada con estos fondos, es decir, una hidroeléctrica con su sello verde. Muchas veces el dinero no revierte en la comunidad, sino en hacerse con derechos, recursos, agua... ¿Quién se está beneficiando de todo esto?

Detrás de las políticas contra el calentamiento global hay mucho negocio. ¿No desanima eso a quien enarbola desde los movimientos sociales la lucha contra el cambio del clima?

No. Porque el negocio del comercio de emisiones sólo es una alternativa que no funciona. Pero hay más. Lo importante, más que cumbres como la de Copenhague, que también tienen su valor, son las luchas en cada sitio. Aquí se lucha contra la planta de coke, pero en Ecuador lo hacen contra Repsol. Y en Galicia contra una papelera contra la que también luchan en Uruguay. Y se trata de establecer vínculos entre esas luchas.

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Ekologistak Martxan
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14 de noviembre de 2009

Posicionamiento político de las OSC de América Latina en el marco de la COP 15

Nosotros, las organizaciones de sociedad civil, pueblos afro descendientes e indígenas, gremios, gobiernos municipales de América Latina y el Caribe firmantes de los siguientes países: Chile, Argentina, México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Haití y Perú, presentes en la décimo quinta Conferencia de las Partes (COP 15) de la convención marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) deseamos expresar a nuestros pueblos y gobiernos de la región nuestras consideraciones y propuestas en relación a los acontecimientos recientes que ponen en riesgo la adopción de un acuerdo que aborde apropiadamente la crisis climática global y sus repercusiones en el planeta.

Considerando:
 
 Que la responsabilidad histórica de los actuales impactos del cambio climático corresponde a los denominados países desarrollados, aglutinados en el Anexo I del Protocolo de Kioto.

Que los compromisos financieros y las metas de reducción de emisiones que han sido presentadas por los mayores contaminadores globales son extremadamente insuficientes para abordar apropiadamente los problemas que se derivan del cambio climático y sus efectos catastróficos en el mediano y largo plazo.

Que algunos países de nuestro continente han favorecido y promovido activamente la adopción indiscriminada de opciones forestales e incluso REDD entre los mecanismos de compensación, así como la promoción de agrocombustibles a gran escala, plantas transgénicas y otras tecnologías con impactos sobre la biodiversidad y las condiciones de vida de los grupos más vulnerables.

Que los impactos de los fenómenos provocados por el cambio climático son mayores entre los grupos vulnerables del planeta y profundiza las inequidades, afectando particularmente las mujeres y los pueblos  indígenas.

Exigimos a nuestros gobiernos respaldar de manera contundente la adopción de un acuerdo global sobre el clima que al menos incorpore los siguientes elementos: 

•    El reconocimiento de la deuda climática como premisa para el establecimiento de los aspectos fundamentales de la visión compartida del nuevo régimen global sobre el clima.

La agenda política que los gobiernos de América Latina y el Caribe asuman en la COP 15 debe poner énfasis en la demanda y negociación del cumplimiento de las obligaciones que los países desarrollados tienen en materia de reducción de emisiones, educación, transferencia tecnológica,  investigación y adaptación a impactos, entre otros.

•    Debe demandarse la reducción de las emisiones de los países industrializados en al menos 45% para el año 2020 en relación a 1990, estabilizando las concentraciones de gases de efecto invernadero en un máximo de 350 ppm de CO2 equivalente, logrando que el punto de inflexión  en la curva de emisiones globales ocurra durante la próxima década.
 
Así mismo, debe considerarse como falsa  solución, la absorción de carbono a través de plantaciones forestales. Igual tratamiento debe recibir el uso de transgénicos y la producción de agrocombustibles en gran escala, pues no toca las raíces del problema y por el contrario coloca presiones sobre el uso de los recursos y provoca desadaptación al cambio climático.  La deforestación evitada, el manejo de bosques y los corredores biológicos, deberán ser abordados en los foros relativos a los bosques y a la biodiversidad, con la cautela necesaria,  atendiendo los efectos adversos en términos económicos, sociales, culturales y ambientales, debiéndose también asegurar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades locales en los distintos niveles y procesos. 

•    Debe ser creado un órgano subsidiario permanente para  Adaptación, que coordine sus acciones a través de centros regionales descentralizados (existentes o por desarrollar), dotándolo con un fondo con recursos financieros suficientes,  estables y predecibles que implemente esfuerzos de manera coherente y coordinada y que incluya un mecanismo de acceso directo para las naciones en desarrollo, para permitirles construir mayores grados de resiliencia económica, social y cultural a los impactos del cambio climático.

La adaptación y la reducción de la vulnerabilidad deben de ser los ejes principales alrededor de los cuales deben de construirse las estrategias nacionales y/o regionales ante el cambio climático, contando con la participación activa de todos los grupos sociales y teniendo como sujeto a la persona humana y a las comunidades, principalmente aquellos sectores más vulnerables, y residentes en zonas de mayor riesgo. Las acciones que se deriven de este mecanismo deben de estar encaminadas a eliminar las inequidades.

Estas estrategias deben incorporar la búsqueda de modelos de producción y consumo con menores niveles de contaminación, mayores niveles de eficiencia y economía en el uso de los recursos. Asimismo, una distribución equitativa del bienestar y Buen Vivir, en el que los trabajadores (mujeres y hombres) reciban una justa retribución por su participación en los procesos productivos y de reproducción de la sociedad. Esto será una herramienta poderosa para superar los retos que entraña la alta vulnerabilidad y la exposición a eventos amenazantes.

•    Exigimos la creación de una nueva arquitectura financiera bajo la autoridad y guía de la Convención, que garantice un flujo de recursos financieros estable, predecible y suficiente a fin de implementar los procesos de transformación, reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, que sin ser causantes del problema, sufrirán los mayores impactos.

Este mecanismo financiero debe incorporar un Fondo de Compensación Retroactivo y Permanente orientado a financiar las políticas y Estrategias Nacionales y regionales de Cambio Climático de los países en desarrollo. Los aportes a este fondo deben estar fuera de los mecanismos de mercado y deben ser distintos y adicionales al compromiso del 0.7% de cooperación oficial para el desarrollo; así mismo, los compromisos asociados a los aportes deben ser vinculantes y deben ser asumidos por las partes del Anexo I. Dichos compromisos deben corresponder con la contribución histórica de cada una de las partes dentro del Anexo I a las concentraciones de GEI en la atmósfera.

Este mecanismo debe asistir a los países en desarrollo en la identificación, transferencia, desarrollo y rescate de tecnologías de baja huella de carbono que contribuyan a mejorar la eficiencia energética de los sectores productivos y a mejorar la capacidad de adaptación de los sectores más vulnerables, incluyendo el conocimientos indígenas y locales, sus innovaciones y prácticas, respetando sus derechos colectivos.

Por tanto

•    Exigimos a los representantes de nuestros gobiernos que se abstengan de endosar acuerdos parciales distintos a la adopción de un acuerdo vinculante que incorpore, por parte de los países del anexo I, compromisos profundos de reducción de emisiones acordes con los criterios científicos establecidos por el IPCC. Así mismo, deben continuar exigiendo el establecimiento de un segundo período de compromisos bajo el Protocolo de Kioto bajo un enfoque de derechos humanos y de justicia climática.

Es mejor la suspensión de las negociaciones, que la firma de un acuerdo que no satisfaga las aspiraciones y expectativas de los grupos más vulnerables.

Por nuestra parte, reiteramos nuestro firme compromiso de contribuir con la ejecución de acciones propias de nuestro que hacer institucional y conjuntas con los gobiernos nacionales, a través de las cuales podamos aminorar los impactos negativos del cambio climático sobre las condiciones de vida de nuestras poblaciones más vulnerables en Latinoamérica.