16 de agosto de 2010

Propuestas del "Acuerdo de los Pueblos" incorporadas en los textos de la COP

Después de una semana de negociaciones, las principales conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba, abril de 2010) han sido incorporadas en el documento de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ahora ha sido reconocido como un texto de negociación por  los 192 estados que se congregaron en Bonn, Alemania, durante la primera semana de agosto de 2010

Los puntos más relevantes que han sido incorporados para su consideración en la próxima ronda de negociación previa a Cancún, que se realizará en China, son:

+ La reducción en un 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados para el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto del año 2013 al 2017.

+ Estabilizar el incremento de la temperatura a 1 C y 300 partes por millón de Dióxido de Carbono en la atmósfera.

+ Garantizar una distribución equitativa del espacio atmosférico, tomando en cuenta la deuda climática de emisiones de los países desarrollados para con los países en desarrollo.

+ Pleno respeto a los Derechos humanos y a los derechos inherentes de los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y los migrantes.

+ Pleno reconocimiento a la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

+ Reconocimiento y defensa de los derechos de la Madre Tierra para alcanzar la armonía con la naturaleza.

+ Garantizar el cumplimiento de los compromisos de los países desarrollados a través de la constitución de un Tribunal Internacional de Justicia Climática.

+ Rechazo a los nuevos mecanismos de mercado de carbono, que traspasan la responsabilidad de la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados a los países en desarrollo.

+ Promoción de medidas que cambien los patrones de consumo de los países desarrollados.

+ Adopción de las medidas necesarias en todos los foros pertinentes para que se excluya de la protección de los derechos de propiedad intelectual a las tecnologías útiles y ecológicamente sostenibles para mitigar el Cambio Climático 

+ Los países desarrollados destinarán el 6 % de su producto nacional bruto para acciones relativas al Cambio Climático.

+ Manejo integral del bosque, para mitigación y adaptación, sin mecanismos de mercado y garantizando la plena participación de los pueblos indígenas y comunidades locales.

+ Prohibición de la conversión de los bosques naturales en plantaciones, puesto que las plantaciones de monocultivos no son bosques, sino se debe incentivar la protección y conservación de los bosques naturales.

9 de agosto de 2010

Ban nombra un comité de alto nivel sobre sostenibilidad y cambio climático

Naciones Unidas, 9 ago (EFE).- El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció hoy el nombramiento de los integrantes de un comité de alto nivel encabezado por los presidentes de Finlandia, Tarja Halonen, y Sudáfrica, Jacob Zuma, para formular políticas prácticas sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático.
El comité de 21 miembros, que acogerá representantes del mundo político, del sector privado y de la sociedad civil, estudiará alternativas que permitan combatir la pobreza sin agravar el cambio climático y degradar el medio ambiente.

Para alcanzar estos propósitos, Ban aseguró que es "esencial" promover una economía baja en carbón, es decir, que apueste por reducir las emisiones de gases invernadero y busque soluciones al impacto del calentamiento del planeta.

"He pedido a los miembros del comité que sea ambicioso; el tiempo de las agendas y el pensamiento estrecho se han acabado", explicó en una conferencia de prensa el secretario general de la ONU.

Entre los miembros del comité están los ex primeros ministros de Noruega, Gro Harlem Brundtland; de Corea del Sur, Han Seung-soo; de Japón, Yukio Hatoyama; de Mozambique, Luisa Dias Diogo, y de Australia, Kevin Rudd.

También formarán parte actuales y pasados ministros de medio ambiente de diferentes países, como la socialista española Cristina Narbona, que ocupó esa cartera entre 2004 y 2008, así como la comisaria para el cambio climático de la Unión Europea (UE), Connie Hedegaard.

También colaborarán con el comité el asesor de cambio climático del presidente de Rusia, Alexander Bedritsky, el director de la administración china de meteorología, Zheng Guogang, así como la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Susan Rice.

Ban resaltó que este grupo de personalidades también deberá aportar soluciones prácticas que incluyan las medidas institucionales y financieras necesarias para convertir en realidad sus recomendaciones.

Asimismo, indicó que las conclusiones del comité se darán a conocer a finales de 2011, antes de la cumbre de la ONU sobre cambio climático de ese año y de la conferencia sobre desarrollo sostenible que se celebrará en 2012 en Río de Janeiro.

Por Agencia EFE

DEBATES: Desarrollo minero en Argentina

Una piedra en el zapato

La estructura impositiva del sector minero, que resultó privilegiado en la década del ’90, está pasando relativamente inadvertida en la discusión parlamentaria del proyecto que busca preservar los glaciares y sus zonas lindantes.
Producción: Tomás Lukin
Página12.com.ar 

 

Destrabar dependencia

Por Gaspar Tolón *

El reciente debate acerca de la minería en Argentina se ha enfocado, con justa razón, en el impacto de la actividad sobre las comunidades y el medioambiente. Puede ser conveniente reseñar ahora otros aspectos, también relevantes para el desarrollo nacional, que a grandes rasgos pertenecen a las categorías de lo productivo y lo normativo.

En primer lugar debe situarse el cuadro actual –destacado por la proliferación de plantas extractivas de metales dispersos sobre la Cordillera de los Andes, explotadas por transnacionales fuertemente capitalizadas, y cuya producción se exporta con un grado mínimo de procesamiento– como el resultado de dos procesos: el progresivo agotamiento global de los yacimientos de mayor concentración y accesibilidad, y el colapso local de la industrialización sustitutiva de importaciones (o ISI).

En efecto, los procesos actualmente utilizados en la minería metalífera, afamados por su impacto ambiental, implican inversiones, cuya rentabilidad sólo es explicable ante la creciente dificultad de acceso al recurso: en un marco de demanda de materias primas siempre creciente, mayores dificultades implican mayores precios, que hacen atractiva la inversión en proyectos con mayores costos asociados. Esto, a su vez, incrementa la escala mínima de operación, lo que acelera el proceso de fusiones y adquisiciones concentrando el capital en la actividad a escala mundial. Finalmente, el fuerte impacto de las técnicas utilizadas para explotar el metal disperso conduce al endurecimiento de la normativa ambiental en las economías centrales, generando una nueva restricción que retroalimenta el proceso en el resto del mundo.

Por otra parte, el declive de la ISI implica la decadencia de un patrón extractivo impulsado por los requerimientos de las industrias constructora y manufacturera locales, caracterizado por la primacía de los rubros no metalíferos –explotados por pequeñas y medianas empresas escasamente capitalizadas– y la iniciativa del Estado nacional en los proyectos de mayor envergadura o vinculados con la provisión de insumos estratégicos.

La conformación de un nuevo mapa minero no es el producto automático de las transformaciones globales citadas, e implica la articulación de un marco normativo acorde. Entre 1993 y 1995 se sanciona el acuerdo federal minero y se reforma el código de minería, legislaciones que junto a otras previas y de la misma época (ley de inversiones extranjeras en 1976 y su modificatoria en 1993; reforma constitucional en 1994, entre otras) dan lugar al articulado que, con leves modificaciones, rige para la actividad hasta la actualidad.

Diversas características de este nuevo marco normativo, tendientes a propiciar el ingreso de divisas mediante la radicación irrestricta de inversión extranjera directa (IED), y en un orden muy menor mediante el cobro de regalías, han sido pertinentemente señaladas a lo largo del debate reciente como ejemplos del retroceso del Estado argentino en cuanto a su capacidad de conducir el desarrollo económico.

En este contexto, interesa mencionar un aspecto peculiar y no siempre destacado de la estructura legal, derivado del artículo 124 de la Constitución de 1994, según el cual corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. La propiedad provincial de los yacimientos implica, además del derecho exclusivo sobre las regalías, la atribución para cada provincia de disponer marcos regulatorios, esquemas impositivos y autoridades de aplicación para la legislación (incluida la ambiental), todo ello restringido además fuertemente por las disposiciones del código de minería reformado y el acuerdo federal minero, concebidos con una laxitud agresivamente seductora hacia las fuentes de IED.

Dado que tras las reformas estructurales de la década de 1990 las finanzas públicas provinciales se ven severamente comprometidas (por la transferencia de gastos antes nacionales sin una contrapartida proporcional en cuanto a ingresos), no resulta extraño que, ante cada iniciativa contra la minería metalífera, gobiernos y legisladores de las provincias cordilleranas se apliquen a la defensa de esta fuente de recursos –por más magros que resulten en proporción a las utilidades de las firmas– con uñas y dientes, ejerciendo todo el poder de veto del que disponen frente al Estado nacional y otros actores relevantes, en una connivencia con las empresas que no requiere de la venalidad –amén de existir– como hipótesis explicativa.

Debe tenerse en cuenta entonces que cualquier posibilidad de reformular el patrón actual de explotación minera, y de los recursos naturales argentinos en general, implica necesariamente destrabar la dependencia fiscal de las provincias, comprometiéndolas por otra parte a nuevos acuerdos federales concebidos bajo la perspectiva del desarrollo integral y diversificado de la economía nacional.

* Economista UNGS.

Un debate global

Por Nicolás Gutman *

La imponencia del glaciar Perito Moreno como símbolo icónico de la geografía argentina y de la belleza de la Patagonia sirvió para lograr en la ciudadanía un apoyo a la ley que se discute en el Congreso. En los debates de TV se habla con soltura del permafrost o el ambiente periglacial y nos enteramos, acusaciones mediáticas mediante, que algunos de nuestros representantes son “empleados” de la Barrick Corporation. Lástima que suceda ahora y no cuando las corporaciones tuvieron la absoluta libertad de escribir el borrador del actual Código Minero en la tranquilidad de sus oficinas en Denver y Toronto, Canadá.

Es de celebrar que finalmente se discuta cómo preservar los glaciares de la devastación ambiental que genera la moderna megaminería química a cielo abierto. No solamente los glaciares deben ser preservados, sino también los acuíferos y napas freáticas. Sin embargo, el Parlamento va muy por detrás de los hechos, amén de que la legislación ambiental es dura en el papel e inefectiva en el terreno.

La renuncia a fines de junio del primer ministro de Australia, Kevin Rudd, está estrechamente ligada a su enfrentamiento personal al poderoso lobby minero y su plan de gobierno para la reforma impositiva de las industrias extractivas. El plan intentó reemplazar el cobro de regalías, que es la forma histórica en que se grava la minería desde la época de los pioneros y los buscadores de oro y que se mantiene así desde el siglo XIX, hacia un gravamen sobre las ganancias y las ganancias extraordinarias. David Parker, quien lleva adelante las conversaciones con la industria minera en representación del Estado, remarca que “las naciones ricas en recursos naturales están reemplazando los sistemas de regalías por los de gravamen a la renta minera”.

Según el gabinete del primer ministro, “es una discusión sobre el gravamen a las ganancias extraordinarias de un sector que ya lleva un boom de dos décadas, destinado a financiar la reducción de impuestos a pymes, capitalizar el sistema de jubilación y pensiones y financiar proyectos de infraestructura que extiendan al resto de los australianos los beneficios obtenidos de la riqueza del subsuelo que es propiedad de la nación”. Debate intenso, ya que el gravamen en cuestión impondría a las empresas mineras un impuesto del 40 por ciento.

En una analogía a la reacción que sucedió, a la Resolución 125 en Argentina, un grupo de 20 renombrados intelectuales y economistas australianos respaldó en una carta abierta la decisión del gobierno de Rudd de cobrar impuestos a las mineras en sustitución de las regalías; la base sobre la que parte la discusión es sobre el impuesto a las “super ganancias” y lo que en inglés se denomina (windfall profit tax), que grava a sectores específicos cuando los costos se mantienen pero el precio en el mercado internacional se dispara. En la carta, el grupo aclara que la minería es un sector único, ya que usa recursos naturales que son de todos los ciudadanos, motivo por el cual los beneficios también deben alcanzar a la sociedad toda.

La sucesora del saliente primer ministro, Julia Gillard, en su primera semana como jefa de Estado, dijo: “Tenemos derecho a recibir una porción justa de nuestra herencia; la riqueza mineral que yace bajo nuestros pies”, y agregó que cobrar un impuesto tan elevado “les dará a los australianos una mejor retribución sobre los recursos de los que todos los australianos somos dueños; y que pueden extraerse sólo una vez”. A fines de mayo el CEO de la gigante minera Rio Tinto, Tom Albanese, se mostró preocupado porque algunos países puedan seguir el ejemplo australiano, presionando a través de los medios y a la opinión pública por la derogación del plan. Se recurrió a argumentos tan trillados que seguramente los vamos a ver pronto por estas pampas no bien se intente cambiar algo del abusivo Código Minero actual: que se van a ir las inversiones, que no hay seguridad jurídica o que se perderán puestos de trabajo.

Tanto se ha escrito sobre por qué Argentina no fue Australia o cómo empezamos mejor que Canadá como nación para quedar rezagados lejos de ese “primer mundo”; y hoy tenemos que tanto Australia y Canadá como la Unión Europea nos indican los caminos. En primer lugar, se debe dar el verdadero debate sobre si se quiere o no un desarrollo basado en la megaminería, que es la forma en que se explota hoy en día los recursos minerales de baja ley. El Parlamento europeo dio hace unas semanas una clara indicación, a la Comisión Europea para que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. En tanto, Australia piensa gravar el sector en más de 75.000 millones de dólares en esta década para el financiamiento de la infraestructura del país y Canadá recibe más de 50.000 millones por las operaciones de sus empresas en el extranjero. Mientras, el Estado argentino con suerte salvará los glaciares, cobrará un exiguo 3 por ciento de regalía en boca de mina y de los pasivos ambientales futuros, bien, gracias.

* Economista del Centro Cultural de la Cooperación.
 

4 de agosto de 2010

Indígenas exigen autonomía en manejo de tierras


BONN, 6 ago (IPS) - La iniciativa REDD constituye "la última oportunidad para salvar la selva tropical", según gobiernos, organismos internacionales y algunos sectores de la sociedad civil participantes en las negociaciones hacia un nuevo régimen de reducción de gases invernadero. Pero líderes indígenas no piensan lo mismo.

Representantes de los pueblos originarios, habitantes de esa selva tropical urgentemente necesitada de salvación, entienden que el programa REDD es uno más de los múltiples mecanismos superfluos que gobiernos centrales y sus aliados han concebido para erosionar su legítima propiedad sobre territorios y recursos naturales.

Este antagonismo fue nuevamente palpable en la tercera ronda de negociaciones preparatorias para la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), que se realizará en noviembre y diciembre en la sudoriental ciudad mexicana de Cancún.

Del plan de Reducción de Emisiones de Carbono Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés), "nosotros no sabemos nada", dijo la directora de la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago de Indonesia, Mina Setra, en la reunión preparatoria de una semana que finalizó este viernes en Bonn.

"Lo que sí sabemos, y lo hemos demostrado a través de milenios, es cómo vivir en armonía con la naturaleza, cómo resistir y dominar el cambio climático", acotó.

Setra expresó su temor de que en el marco de REDD el manejo de selvas y bosques sea delegado a instituciones que no respeten los derechos de los pueblos indígenas que los habitan.

"Para nosotros, los territorios no son sólo recursos", dijo Setra. "Para nosotros, los territorios son madre, sangre, alma y vida".

Numerosos testimonios presentados durante la conferencia de los pueblos indígenas en Bonn subrayaron estos temores. Joan Carling, secretaria general del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, se refirió al proyecto piloto de administración de territorios en Vietnam, que, en su opinión, ignoró los derechos de sus habitantes.

"Aunque el proyecto específicamente mencionó que los habitantes de esos territorios tenían el derecho de expresar su consentimiento previo, libre y basado en información, en la práctica los pueblos indígenas nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo" dijo Carling a IPS.

El consentimiento previo, libre e informado es un derecho colectivo recogido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2008, y supone que los nativos dispongan de información previa a la expresión de su consentimiento, para poder debatir libremente ventajas e inconvenientes de un tema que los afecte y que necesite su aprobación o rechazo.

En el proyecto piloto de Vietnam, el único procedimiento aplicado fue un referendo donde los habitantes solo tenían derecho a responder una pregunta, explicó Carling. Esta era: "¿quieren que sus territorios sean protegidos bajo REDD o no?", dijo. La mayoría respondieron "sí".

"Pero los pueblos indígenas nunca fueron informados sobre lo que quiere decir su derecho al consentimiento previo, informado y libre, ni fueron capacitados para discutir las ventajas y los riesgos del proyecto", añadió.

Carling exigió que, en el marco de REDD, los pueblos indígenas sean capacitados para analizar los proyectos de administración de sus territorios, que les permita también aportar soluciones a los problemas ambientales asociados al uso de los recursos naturales.

Aparte del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre, e informado, otros temas recurrentes en la conferencia sobre REDD fueron la propiedad sobre los territorios que constituyen su hábitat, y el uso físico y religioso de los mismos.

Stanley Kimaren Ole Riamit, investigador sobre pueblos indígenas en Kenia, presentó el caso de un distrito de la provincia del Valle Rift, en el sur del país, habitado mayoritariamente por pastores Masai, con un alto nivel de analfabetismo.

La región es "una las más ricas en especies, tanto en flora como en fauna, en agua, y en bosques prácticamente intocados" de Kenia, dijo Kimaren Ole Riamit.

Al mismo tiempo, el distrito posee "numerosos sitios sagrados y de alto valor sociocultural" para los habitantes, apuntó.

Este valor sociocultural se refleja en el papel que la naturaleza juega en la vida de los Masai. "La naturaleza es fuente y almacén de conocimiento indígena, al mismo tiempo que catedral espiritual del pueblo, y fuente de paz, particularmente durante la época seca", señaló el investigador.

Todos estos aspectos estarían en peligro si los Masai perdieran su autonomía y su legítimo control sobre el distrito, afirmó.

En cuanto a la propiedad, el indígena misquito nicaragüense, Dennis Mairena, dijo que la autonomía de los pueblos originarios, reconocida en la constitución de este país centroamericano, garantiza su legítima administración y uso de los territorios que habitan. Esta autonomía podría ser ejemplo a seguir en otros países.

"En el marco de esa autonomía, los misquitos han obtenido títulos de propiedad sobre 15 de los 21 territorios que habitan, y que constituyen 35 por ciento del país," dijo Mairena a IPS.

Pero la crítica a REDD también se centra en su mero proceso administrativo, especialmente a la asociación liderada por Brasil, Japón y Papúa Nueva Guinea.

"Hasta hoy, esta asociación solo ha producido desilusiones", dijo David Turnbull, miembro de la Climate Action Network, una federación de organizaciones ambientales no gubernamentales presente en las negociaciones de Bonn.

Turnbull se quejó que la dirección conjunta de la asociación "mantiene una política secreta, de puertas cerradas, y de exclusión de actores de la sociedad civil que disponen de conocimientos y experiencia esenciales para el progreso" del programa. (FIN/2010)
IPS NOTICIAS
Por Julio Godoy

Pérdida de biodiversidad

- - - Servicio Informativo "Alai-amlatina" - - -

No se cumplen los compromisos y la situación empeora

Soledad Ghione*


ALAI AMLATINA, 04/08/02010.- A medida que la atención se concentra más y más en los temas ambientales globales, como el cambio climático, se olvidan problemas locales como la alarmante pérdida de biodiversidad. Los gobiernos no lograrán cumplir su promesa de llegar a 2010 con una reducción significativa de la pérdida de diversidad biológica. Esto lo acaba de reconocer el Centro de Monitoreo para la Conservación Mundial, dependiente de Naciones Unidas y la noticia no generó ningún escándalo, sino que pasó desapercibida.

En efecto, los países firmantes del Convenio sobre la Diversidad Biológica acordaron en 2002 que debían lograr una significativa reducción en el ritmo de pérdida de biodiversidad para el año 2010 – el año internacional de la diversidad biológica.

La reciente evaluación de esa meta, encabezada por el Dr. Stuart H. M. Butchart, del Centro de Monitoreo para la Conservación Mundial del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), se basó en una serie de indicadores, tales como la apropiación de recursos naturales, el número de especies amenazadas, la cobertura de áreas protegidas, la extensión de bosques tropicales y manglares y el estado de los arrecifes de coral. El período que consideraron fue amplio: de 1970 a 2006.

Los resultados son concluyentes en demostrar que la biodiversidad ha declinado durante las últimas cuatro décadas. Esta disminución se observó en distintos grupos animales, como mamíferos o aves. Se redujo la extensión de los bosques y los manglares y se deterioran las condiciones marinas, por ejemplo en las zonas con arrecifes de coral. Las tendencias agregadas de los indicadores de estado también han empeorado. En ningún caso se identificaron reducciones en cuanto a los ritmos de pérdidas.

La información parcial disponible también apunta a que los ambientes naturales se subdividen y fragmentan, con lo cual su calidad como reservorio de fauna y flora se deteriora. Por ejemplo, en el caso de la Selva Atlántica en Brasil, que en el pasado fue el segundo bosque más extenso en América del Sur y del cual sólo se conserva aproximadamente el 10%, ha quedado fragmentado en parcelas diminutas (el 80% de los remanentes tienen una extensión menor a 0.5 km2).

El estudio muestra además el agravamiento de otros procesos, como un mayor consumo de los bienes que producen los ecosistemas o la invasión de especies exóticas que desplazan a las nativas. En ningún caso se identificaron reducciones en las presiones sobre los ecosistemas.

Esta evaluación no desconoce algunos avances y tendencias positivas, como un aumento en la cobertura de las áreas protegidas, la inclusión bajo protección de nuevos sitios clave para la biodiversidad o el aumento de la superficie de bosques manejados en forma sostenible (1.6 millones de km2).

Sin embargo, el balance final indica que a escala global es altamente improbable que se hayan cumplido los objetivos de conservación fijados para 2010. Los esfuerzos realizados para conservar la biodiversidad, claramente han sido inadecuados, con un desfasaje importante entre las crecientes presiones humanas y una serie de respuestas lentas e insuficientes.

Estos resultados son consistentes con la evaluación preliminar de la situación ambiental sudamericana, dada a conocer recientemente por CLAES, donde se alerta que el resultado final entre las presiones y los usos de la Naturaleza, y las medidas de conservación es un continuo aumento del deterioro ecológico.

Esta grave situación está pasando desapercibida en tanto la discusión latinoamericana en temas ambientales está cada día más absorbida por los temas del cambio climático global. Es necesario alertar sobre estas tendencias y redoblar los esfuerzos para que los gobiernos y las sociedades, promuevan medidas más efectivas de conservación, se incluya realmente esa dimensión en las estrategias de desarrollo y se le otorgue el financiamiento y respaldo indispensable para cumplir con los compromisos asumidos años atrás.

- Soledad Ghione es investigadora en CLAES (Centro Latino Americano Ecología Social) –



3 de agosto de 2010

DOCUMENTO CUMBRE SOCIAL DEL MERCOSUR

Encuentro en Defensa de la Vida y la Madre Tierra

Reunidos en el día 26 de Julio del 2010 en la Isla del Cerrito, provincia de Cha-co de la República Argentina, las organizaciones de la sociedad civil de Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay de las Comisiones de Soberanía Alimenta-ria, Tierra, Vivienda y hábitat, Salud y Cambio Climático, hacemos llegar a nuestros Gobiernos y sociedades las siguientes reflexiones y propuestas pro-ducto de las deliberaciones de la Cumbre Social del MERCOSUR.
  • Consideramos que a pesar de las numerosas movilizaciones y denun-cias constantes los Organismos internacionales, las entidades financie-ras y las empresas transnacionales continúan en la senda de agravar la destrucción del planeta. 
  • El Cambio Climático es hoy una de las más serias amenazas a todos los pueblos del mundo. 
  • La búsqueda de tasas de ganancias extraordinarias a cualquier costo, el desarrollo de modelos productivos voraces y extractivos que destruyen nuestro ecosistema y dañan la salud y soberanía alimentaria de nuestros pueblos, los modos de vida malsanos ligados al consumismo, la cultura del negocio por sobre la vida, entre muchos otros, resultan los determi-nantes ligados a la hege-monía de un modelo global de los países del Norte responsables de la crisis ecológica, sanitaria, social, económica, cultural, habitacional que resultan del actual calentamiento global.

Por todo esto, proponemos que: 
  • Que los impactos del calentamiento global que generan modificaciones climáticas poniendo en riesgo la salud, la Soberanía Alimentaria, los ecosistemas y las ciudades sean incluidas en la agenda del MERCO-SUR. 
  • Que la crisis ambiental requiere grandes esfuerzos por lo cual seria de im portancia jerarquizar las Secretarías de Medio Ambiente de la región y darle rango de Ministerio en todos los Países Miembros del MER-COSUR. 
  • Que el subgrupo 6 del MERCOSUR incorpore como tema de tratamiento prioritario el Cambio climático y sus consecuencias para la región. 
  • Que se hace necesario reafirmar la necesidad de abrir espacios para la participación de la sociedad civil incorporando la misma al proceso de organización de UNASUR y particularmente la creación de una comisión que tenga como ob-jetivo el tratamiento del problema climático, el impac-to en Latinoamérica y la formulación en tareas conjuntas de organiza-ciones sociales y gobiernos de de propuestas de mitigación y adapta-ción. 
  • Que los de la región den un mayor apoyo a la agricultura familiar y a la defensa, revalorizacion y difusión del modelo sustentable de producción agrícola campesino y originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que pueden contribuir a solucionar el problema del cambio climático y asegurar la Soberanía Alimentaria. 
  • Que la situación de crisis ha creado la urgente necesidad de utilización de Energías renovables para modificar la matriz energética basada en combustibles fósiles de alto nivel de emisión de Gases de efecto inver-nadero. 
  • Que es fundamental establecer normas que impidan la extranjerización de las tierras, que son puestas al servicio de intereses que saquean y destruyen nuestro patrimonio natural.
  •  Que es necesario promover ordenamientos jurídicos destinados a la pro-tección de los migrantes ambientales. 
  • Que se debe Impulsar la creación de un Consejo Regional Especializado en la problemática de los Refugiados por los efectos del Cambio Cli-mático. 
  • Que es preciso tomar a Haití como caso testigo de la emergencia socio-am-biental en situación de catástrofe con participación de la sociedad ci-vil. 
  • Que en relación a los sistema de salud y emergencias los Estados de-ben desarrollar políticas públicas desde una perspectiva de Emergencias Socio-Ambientales producidas por la acción humana y rechazando el paradigma de las “catástrofes naturales” como producto de la natura-leza. 
  • Que es necesario la regulación de Procesos tecnológicos que ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas y la salud de las comunidades y en casos como el de la minería a gran escala contaminante expulsa a las poblaciones locales, contamina los cursos de agua y amenaza la So-beranía Alimentaria generar normas que establezcan su prohibición. 
  • Que ante la necesidad de cambios en los procesos productivos propo-nemos que la misma tenga las características de “Transición Justa”. 
  • Que para poder actuar adecuadamente frente a los riesgos que genera la crisis ambiental es necesario desarrollar un mapa de potenciales terri-torios y comunidades vulnerables. 
  • Que ante la necesidad de importantes inversiones para limitar las conse-cuencias producto de la emisión de gases de efecto invernadero es fun-damental reclamar a los países del norte por la deuda ecológica contraí-da con los países del sur. 
  • Que el Parlasur instale la discusión sobre la necesidad de generar nor-mas de justicia climática en la región que puedan ser la base para la creación de un Tribunal de Justicia Ambiental. 
  • Que la discusión del tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea sea abierta a la sociedad civil. 
  • Que es importante rescatar la cosmovisión de los Pueblos Originarios, los que nos dan un ejemplo de cómo relacionarnos con la naturaleza desde la concepción del “buen vivir”. 
  • Que se hace imprescindible que los países del MERCOSUR asuman conclusiones del “Acuerdo de los Pueblos” resultante de la Primer Con-ferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Dere-chos de la Madre Tierra (22 de abril 2010- Cochabamba, Bolivia) y pro-muevan su discusión en la Cumbre Climática de Cancún.
Finalmente creemos fundamental hacer todos los esfuerzos necesarios para que los países latinoamericanos integrantes de UNASUR den una nueva mues-tra de unidad llevando una sola voz a la Cumbre de Cancún.-