Nosotros, las organizaciones de sociedad civil, pueblos afro descendientes e indígenas, gremios, gobiernos municipales de América Latina y el Caribe firmantes de los siguientes países: Chile, Argentina, México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Haití y Perú, presentes en la décimo quinta Conferencia de las Partes (COP 15) de la convención marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) deseamos expresar a nuestros pueblos y gobiernos de la región nuestras consideraciones y propuestas en relación a los acontecimientos recientes que ponen en riesgo la adopción de un acuerdo que aborde apropiadamente la crisis climática global y sus repercusiones en el planeta.
Considerando:
Que la responsabilidad histórica de los actuales impactos del cambio climático corresponde a los denominados países desarrollados, aglutinados en el Anexo I del Protocolo de Kioto.
Que los compromisos financieros y las metas de reducción de emisiones que han sido presentadas por los mayores contaminadores globales son extremadamente insuficientes para abordar apropiadamente los problemas que se derivan del cambio climático y sus efectos catastróficos en el mediano y largo plazo.
Que algunos países de nuestro continente han favorecido y promovido activamente la adopción indiscriminada de opciones forestales e incluso REDD entre los mecanismos de compensación, así como la promoción de agrocombustibles a gran escala, plantas transgénicas y otras tecnologías con impactos sobre la biodiversidad y las condiciones de vida de los grupos más vulnerables.
Que los impactos de los fenómenos provocados por el cambio climático son mayores entre los grupos vulnerables del planeta y profundiza las inequidades, afectando particularmente las mujeres y los pueblos indígenas.
Exigimos a nuestros gobiernos respaldar de manera contundente la adopción de un acuerdo global sobre el clima que al menos incorpore los siguientes elementos:
• El reconocimiento de la deuda climática como premisa para el establecimiento de los aspectos fundamentales de la visión compartida del nuevo régimen global sobre el clima.
La agenda política que los gobiernos de América Latina y el Caribe asuman en la COP 15 debe poner énfasis en la demanda y negociación del cumplimiento de las obligaciones que los países desarrollados tienen en materia de reducción de emisiones, educación, transferencia tecnológica, investigación y adaptación a impactos, entre otros.
• Debe demandarse la reducción de las emisiones de los países industrializados en al menos 45% para el año 2020 en relación a 1990, estabilizando las concentraciones de gases de efecto invernadero en un máximo de 350 ppm de CO2 equivalente, logrando que el punto de inflexión en la curva de emisiones globales ocurra durante la próxima década.
Así mismo, debe considerarse como falsa solución, la absorción de carbono a través de plantaciones forestales. Igual tratamiento debe recibir el uso de transgénicos y la producción de agrocombustibles en gran escala, pues no toca las raíces del problema y por el contrario coloca presiones sobre el uso de los recursos y provoca desadaptación al cambio climático. La deforestación evitada, el manejo de bosques y los corredores biológicos, deberán ser abordados en los foros relativos a los bosques y a la biodiversidad, con la cautela necesaria, atendiendo los efectos adversos en términos económicos, sociales, culturales y ambientales, debiéndose también asegurar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades locales en los distintos niveles y procesos.
• Debe ser creado un órgano subsidiario permanente para Adaptación, que coordine sus acciones a través de centros regionales descentralizados (existentes o por desarrollar), dotándolo con un fondo con recursos financieros suficientes, estables y predecibles que implemente esfuerzos de manera coherente y coordinada y que incluya un mecanismo de acceso directo para las naciones en desarrollo, para permitirles construir mayores grados de resiliencia económica, social y cultural a los impactos del cambio climático.
La adaptación y la reducción de la vulnerabilidad deben de ser los ejes principales alrededor de los cuales deben de construirse las estrategias nacionales y/o regionales ante el cambio climático, contando con la participación activa de todos los grupos sociales y teniendo como sujeto a la persona humana y a las comunidades, principalmente aquellos sectores más vulnerables, y residentes en zonas de mayor riesgo. Las acciones que se deriven de este mecanismo deben de estar encaminadas a eliminar las inequidades.
Estas estrategias deben incorporar la búsqueda de modelos de producción y consumo con menores niveles de contaminación, mayores niveles de eficiencia y economía en el uso de los recursos. Asimismo, una distribución equitativa del bienestar y Buen Vivir, en el que los trabajadores (mujeres y hombres) reciban una justa retribución por su participación en los procesos productivos y de reproducción de la sociedad. Esto será una herramienta poderosa para superar los retos que entraña la alta vulnerabilidad y la exposición a eventos amenazantes.
• Exigimos la creación de una nueva arquitectura financiera bajo la autoridad y guía de la Convención, que garantice un flujo de recursos financieros estable, predecible y suficiente a fin de implementar los procesos de transformación, reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, que sin ser causantes del problema, sufrirán los mayores impactos.
Este mecanismo financiero debe incorporar un Fondo de Compensación Retroactivo y Permanente orientado a financiar las políticas y Estrategias Nacionales y regionales de Cambio Climático de los países en desarrollo. Los aportes a este fondo deben estar fuera de los mecanismos de mercado y deben ser distintos y adicionales al compromiso del 0.7% de cooperación oficial para el desarrollo; así mismo, los compromisos asociados a los aportes deben ser vinculantes y deben ser asumidos por las partes del Anexo I. Dichos compromisos deben corresponder con la contribución histórica de cada una de las partes dentro del Anexo I a las concentraciones de GEI en la atmósfera.
Este mecanismo debe asistir a los países en desarrollo en la identificación, transferencia, desarrollo y rescate de tecnologías de baja huella de carbono que contribuyan a mejorar la eficiencia energética de los sectores productivos y a mejorar la capacidad de adaptación de los sectores más vulnerables, incluyendo el conocimientos indígenas y locales, sus innovaciones y prácticas, respetando sus derechos colectivos.
Por tanto
• Exigimos a los representantes de nuestros gobiernos que se abstengan de endosar acuerdos parciales distintos a la adopción de un acuerdo vinculante que incorpore, por parte de los países del anexo I, compromisos profundos de reducción de emisiones acordes con los criterios científicos establecidos por el IPCC. Así mismo, deben continuar exigiendo el establecimiento de un segundo período de compromisos bajo el Protocolo de Kioto bajo un enfoque de derechos humanos y de justicia climática.
Es mejor la suspensión de las negociaciones, que la firma de un acuerdo que no satisfaga las aspiraciones y expectativas de los grupos más vulnerables.
Por nuestra parte, reiteramos nuestro firme compromiso de contribuir con la ejecución de acciones propias de nuestro que hacer institucional y conjuntas con los gobiernos nacionales, a través de las cuales podamos aminorar los impactos negativos del cambio climático sobre las condiciones de vida de nuestras poblaciones más vulnerables en Latinoamérica.
Considerando:
Que la responsabilidad histórica de los actuales impactos del cambio climático corresponde a los denominados países desarrollados, aglutinados en el Anexo I del Protocolo de Kioto.
Que los compromisos financieros y las metas de reducción de emisiones que han sido presentadas por los mayores contaminadores globales son extremadamente insuficientes para abordar apropiadamente los problemas que se derivan del cambio climático y sus efectos catastróficos en el mediano y largo plazo.
Que algunos países de nuestro continente han favorecido y promovido activamente la adopción indiscriminada de opciones forestales e incluso REDD entre los mecanismos de compensación, así como la promoción de agrocombustibles a gran escala, plantas transgénicas y otras tecnologías con impactos sobre la biodiversidad y las condiciones de vida de los grupos más vulnerables.
Que los impactos de los fenómenos provocados por el cambio climático son mayores entre los grupos vulnerables del planeta y profundiza las inequidades, afectando particularmente las mujeres y los pueblos indígenas.
Exigimos a nuestros gobiernos respaldar de manera contundente la adopción de un acuerdo global sobre el clima que al menos incorpore los siguientes elementos:
• El reconocimiento de la deuda climática como premisa para el establecimiento de los aspectos fundamentales de la visión compartida del nuevo régimen global sobre el clima.
La agenda política que los gobiernos de América Latina y el Caribe asuman en la COP 15 debe poner énfasis en la demanda y negociación del cumplimiento de las obligaciones que los países desarrollados tienen en materia de reducción de emisiones, educación, transferencia tecnológica, investigación y adaptación a impactos, entre otros.
• Debe demandarse la reducción de las emisiones de los países industrializados en al menos 45% para el año 2020 en relación a 1990, estabilizando las concentraciones de gases de efecto invernadero en un máximo de 350 ppm de CO2 equivalente, logrando que el punto de inflexión en la curva de emisiones globales ocurra durante la próxima década.
Así mismo, debe considerarse como falsa solución, la absorción de carbono a través de plantaciones forestales. Igual tratamiento debe recibir el uso de transgénicos y la producción de agrocombustibles en gran escala, pues no toca las raíces del problema y por el contrario coloca presiones sobre el uso de los recursos y provoca desadaptación al cambio climático. La deforestación evitada, el manejo de bosques y los corredores biológicos, deberán ser abordados en los foros relativos a los bosques y a la biodiversidad, con la cautela necesaria, atendiendo los efectos adversos en términos económicos, sociales, culturales y ambientales, debiéndose también asegurar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades locales en los distintos niveles y procesos.
• Debe ser creado un órgano subsidiario permanente para Adaptación, que coordine sus acciones a través de centros regionales descentralizados (existentes o por desarrollar), dotándolo con un fondo con recursos financieros suficientes, estables y predecibles que implemente esfuerzos de manera coherente y coordinada y que incluya un mecanismo de acceso directo para las naciones en desarrollo, para permitirles construir mayores grados de resiliencia económica, social y cultural a los impactos del cambio climático.
La adaptación y la reducción de la vulnerabilidad deben de ser los ejes principales alrededor de los cuales deben de construirse las estrategias nacionales y/o regionales ante el cambio climático, contando con la participación activa de todos los grupos sociales y teniendo como sujeto a la persona humana y a las comunidades, principalmente aquellos sectores más vulnerables, y residentes en zonas de mayor riesgo. Las acciones que se deriven de este mecanismo deben de estar encaminadas a eliminar las inequidades.
Estas estrategias deben incorporar la búsqueda de modelos de producción y consumo con menores niveles de contaminación, mayores niveles de eficiencia y economía en el uso de los recursos. Asimismo, una distribución equitativa del bienestar y Buen Vivir, en el que los trabajadores (mujeres y hombres) reciban una justa retribución por su participación en los procesos productivos y de reproducción de la sociedad. Esto será una herramienta poderosa para superar los retos que entraña la alta vulnerabilidad y la exposición a eventos amenazantes.
• Exigimos la creación de una nueva arquitectura financiera bajo la autoridad y guía de la Convención, que garantice un flujo de recursos financieros estable, predecible y suficiente a fin de implementar los procesos de transformación, reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, que sin ser causantes del problema, sufrirán los mayores impactos.
Este mecanismo financiero debe incorporar un Fondo de Compensación Retroactivo y Permanente orientado a financiar las políticas y Estrategias Nacionales y regionales de Cambio Climático de los países en desarrollo. Los aportes a este fondo deben estar fuera de los mecanismos de mercado y deben ser distintos y adicionales al compromiso del 0.7% de cooperación oficial para el desarrollo; así mismo, los compromisos asociados a los aportes deben ser vinculantes y deben ser asumidos por las partes del Anexo I. Dichos compromisos deben corresponder con la contribución histórica de cada una de las partes dentro del Anexo I a las concentraciones de GEI en la atmósfera.
Este mecanismo debe asistir a los países en desarrollo en la identificación, transferencia, desarrollo y rescate de tecnologías de baja huella de carbono que contribuyan a mejorar la eficiencia energética de los sectores productivos y a mejorar la capacidad de adaptación de los sectores más vulnerables, incluyendo el conocimientos indígenas y locales, sus innovaciones y prácticas, respetando sus derechos colectivos.
Por tanto
• Exigimos a los representantes de nuestros gobiernos que se abstengan de endosar acuerdos parciales distintos a la adopción de un acuerdo vinculante que incorpore, por parte de los países del anexo I, compromisos profundos de reducción de emisiones acordes con los criterios científicos establecidos por el IPCC. Así mismo, deben continuar exigiendo el establecimiento de un segundo período de compromisos bajo el Protocolo de Kioto bajo un enfoque de derechos humanos y de justicia climática.
Es mejor la suspensión de las negociaciones, que la firma de un acuerdo que no satisfaga las aspiraciones y expectativas de los grupos más vulnerables.
Por nuestra parte, reiteramos nuestro firme compromiso de contribuir con la ejecución de acciones propias de nuestro que hacer institucional y conjuntas con los gobiernos nacionales, a través de las cuales podamos aminorar los impactos negativos del cambio climático sobre las condiciones de vida de nuestras poblaciones más vulnerables en Latinoamérica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario