Surge del Taller Regional de CAN-LA del 19 y 20 de noviembre de 2009 realizado en Buenos Aires, República Argentina, basado en posiciones de CAN.
El Cambio Climático está aquí, ahora, y es una cuestión de supervivencia para la humanidad y el ambiente. Desde el IV Informe de Evaluación del IPCC, la evidencia científica señala que los impactos del cambio climático en América Latina son y serán mucho más graves de lo previsto afectando principalmente a los países más pobres y vulnerables de la región. Entre los principales efectos adversos identificamos: el aumento del nivel del mar, huracanes, sequías, inundaciones, retracción de glaciares, pérdida de biodiversidad, incendios forestales, entre muchos otros.
Los estudios de los últimos años, en particular el informe Stern, señalan que los costos por la inacción en materia de mitigación y adaptación aumentarán de manera significativa, inhibiendo además nuestra capacidad para mantener el aumento de la temperatura media de la Tierra por debajo de 1,5 °C.
En consecuencia, el acuerdo de Copenhague debe guiarse por los siguientes principios:
• Coherencia con una trayectoria clima que nos da una alta probabilidad de mantener el calentamiento por debajo del nivel peligroso de 1,5 °C. Las concentraciones de gases de efecto invernadero deben reducirse en última instancia a 350 ppm de dióxido de carbono equivalente, CO2 eq. Esto requiere que las emisiones mundiales tengan un pico (máximo) en el 2011 y la rápida disminución hacia el 100% por debajo de los niveles de 1990 para el 2050,
• La responsabilidad y la equidad entre países desarrollados y países en desarrollo. Esto comprende la deuda ecológica generada por la sobreutilización del sistema climático como sumidero calculada en términos históricos y per cápita, como la presentada, por ejemplo, en la propuesta de Bolivia.
Los países desarrollados tienen una doble obligación: compromisos cuantificados para reducir las emisiones y apoyo a los países en desarrollo con recursos para la adaptación y en sus esfuerzos por apartarse sustancialmente del crecimiento previsto en el escenario tendencial de las emisiones:
• El conjunto de los países deben adoptar un objetivo de reducción total de más de 40% en 2020 por debajo de los niveles de 1990. Los objetivos nacionales deben ser derivados de este objetivo global.
• Los países desarrollados deben comprometerse a aportar al menos 200 mil millones dólares americanos de financiación y tecnología a los países en desarrollo que cubra los costos de acuerdo a sus medidas apropiadas a nivel nacional mensurables, comunicables y verificables (MRV).
• Las acciones de mitigación en los países en desarrollo según sus capacidades debería llevar a una desviación sustancial del crecimiento de las emisiones.
El Cambio Climático está aquí, ahora, y es una cuestión de supervivencia para la humanidad y el ambiente. Desde el IV Informe de Evaluación del IPCC, la evidencia científica señala que los impactos del cambio climático en América Latina son y serán mucho más graves de lo previsto afectando principalmente a los países más pobres y vulnerables de la región. Entre los principales efectos adversos identificamos: el aumento del nivel del mar, huracanes, sequías, inundaciones, retracción de glaciares, pérdida de biodiversidad, incendios forestales, entre muchos otros.
Los estudios de los últimos años, en particular el informe Stern, señalan que los costos por la inacción en materia de mitigación y adaptación aumentarán de manera significativa, inhibiendo además nuestra capacidad para mantener el aumento de la temperatura media de la Tierra por debajo de 1,5 °C.
En consecuencia, el acuerdo de Copenhague debe guiarse por los siguientes principios:
• Coherencia con una trayectoria clima que nos da una alta probabilidad de mantener el calentamiento por debajo del nivel peligroso de 1,5 °C. Las concentraciones de gases de efecto invernadero deben reducirse en última instancia a 350 ppm de dióxido de carbono equivalente, CO2 eq. Esto requiere que las emisiones mundiales tengan un pico (máximo) en el 2011 y la rápida disminución hacia el 100% por debajo de los niveles de 1990 para el 2050,
• La responsabilidad y la equidad entre países desarrollados y países en desarrollo. Esto comprende la deuda ecológica generada por la sobreutilización del sistema climático como sumidero calculada en términos históricos y per cápita, como la presentada, por ejemplo, en la propuesta de Bolivia.
Los países desarrollados tienen una doble obligación: compromisos cuantificados para reducir las emisiones y apoyo a los países en desarrollo con recursos para la adaptación y en sus esfuerzos por apartarse sustancialmente del crecimiento previsto en el escenario tendencial de las emisiones:
• El conjunto de los países deben adoptar un objetivo de reducción total de más de 40% en 2020 por debajo de los niveles de 1990. Los objetivos nacionales deben ser derivados de este objetivo global.
• Los países desarrollados deben comprometerse a aportar al menos 200 mil millones dólares americanos de financiación y tecnología a los países en desarrollo que cubra los costos de acuerdo a sus medidas apropiadas a nivel nacional mensurables, comunicables y verificables (MRV).
• Las acciones de mitigación en los países en desarrollo según sus capacidades debería llevar a una desviación sustancial del crecimiento de las emisiones.
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