Por Daniela Estrada y Raúl Pierri
Los gobiernos de América Latina llegan a la Cop15 reclamando un pacto agresivo y obligatorio para luchar contra el cambio climático, y con diferencias menores en otras prioridades.
Lunes 14 de diciembre de 2009 | | Vida Hoy
América Latina llega a Copenhague con la intención de que el norte rico pague su deuda climática obligándose a reducir gases contaminantes y proveyendo recursos al sur en desarrollo. Pero, ante los riesgos de que esta estrategia fracase, nadie descarta aceptar al menos compromisos políticos.
Todo se dirimirá en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cop15), que desarrolla desde el 7 hasta el 18 de este mes en la capital danesa.
En la “cumbre del clima” se debería adoptar un nuevo régimen de reducción de emisiones más allá de 2012, cuando venza el Protocolo de Kioto, en vigor desde 2005, pero que no establece disminuciones obligatorias de GEI a los países en desarrollo.
América Latina en su conjunto es responsable de apenas 5% de las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales gases causantes del recalentamiento planetario, pero es una de las regiones más vulnerables al cambio climático.
La región ya experimenta sequías, inundaciones, derretimiento de glaciares, aumentos de temperaturas, nuevas plagas agrícolas y enfermedades, como detalla el Primer Informe Regional sobre Cambio Climático, publicado en noviembre en base a consultas con 23 especialistas latinoamericanos.
“Todos los países de América Latina y el Caribe, incluido Chile, estamos buscando un acuerdo jurídicamente vinculante”, dijo el director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile, Álvaro Sapag, quien integra la delegación nacional en Copenhague.
“En el estado actual de la discusión, pensando que estos acuerdos deben construirse por consensos, probablemente no vamos a salir de Copenhague con un texto jurídicamente vinculante que puedan firmar los jefes de Estado”, acotó.
El secretario (ministro) de Medio Ambiente de México, Juan Elvira, comparte esta percepción. “Iríamos por un acuerdo legal, con metas muy bien definidas, pero no descartamos como última línea de negociación un acuerdo político”, planteó.
Sapag espera al menos “un acuerdo político robusto, que permita en un período corto afinar los detalles para tener otro jurídicamente vinculante”, posiblemente en la Cop16 de diciembre de 2010 en México.
Grupo de los 77
Varios países latinoamericanos adelantaron que en la Cop15 se mantendrán en las posturas del Grupo de los 77 y China (G-77), integrado por 130 naciones en desarrollo.
El G-77 insiste en la primacía del principio de las “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”, consagrado en la Convención y en el Protocolo, y que implica dejar el mayor peso de la mitigación a las naciones ricas, principales emisoras de gases contaminantes en la era industrial.
Además, este grupo negociador exige al norte que contribuya con financiamiento y tecnología.
Pero la postura de América Latina no es monolítica.
“Yo diría que hay una opinión única en ciertos temas, como las ‘responsabilidades comunes, pero diferenciadas’ y en la necesidad de muchos recursos para mitigación y adaptación en los países en desarrollo y la responsabilidad histórica” de las naciones industriales, resumió Sapag.
Los gobiernos de la región están alerta ante el riesgo de que, por cuenta del cambio climático, se erijan barreras a la exportación de sus productos.
“Hay países de América Latina que no aceptan instrumentos de mercado como una herramienta que contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero, mientras que otros los aceptan. Algunos quieren que todas las acciones sean reportables, medibles y verificables, y otros que sólo sean voluntarias para los países en desarrollo”, describió.
México, que arroja a la atmósfera 715 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, pretende bajar voluntariamente 50 millones de toneladas para 2012, aunque aclaró que asumiría una disminución obligatoria a largo plazo sólo si recibe fondos y tecnología.
Argentina propone dos juntas ejecutivas que tengan asociados fondos públicos de países industrializados que se integren con un porcentaje del producto interno bruto, que puede oscilar entre 0,5 y 1%.
Buenos Aires también ha insistido en la necesidad de “una transición justa” en el desarrollo sustentable para que la reducción de emisiones no implique impacto en el empleo.
Mientras, Venezuela parece mostrar una postura definida: el norte industrializado tiene la responsabilidad histórica y debe actuar primero.
“Si soy un gran emisor de gases de efecto invernadero, mi responsabilidad es diferente a quien no aporta o comienza a aportar”, afirmó el viceministro de Ordenación y Administración Ambiental, Sergio Rodríguez. Según Rodríguez, el gobierno de Hugo Chávez se plegará en Copenhague a la posición del G-77, al igual que Argentina.
“No tenemos un peso propio como país emisor y tampoco pisamos fuerte en esta negociación”, dijo el director de Cambio Climático de la secretaría de Ambiente de Argentina, Nazareno Castillo.
Otros países, como Uruguay y Chile, no han anunciado metas concretas de reducciones de emisiones GEI, pero sí han validado las acciones de mitigación nacionales apropiadas (NAMA, según sus siglas en inglés), entre las que se incluyen programas de eficiencia energética y la introducción de energías renovables no convencionales.
Para el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Carlos Colacce, este pequeño país sudamericano de 3,3 millones de habitantes ha adoptado una “posición novedosa” ante la cumbre de Copenhague, porque si bien apoya la postura del G-77, está tomando medidas propias para reducir sus emisiones de GEI, “aún sin recibir fondos de los países desarrollados para realizar esta tarea”.
Los gobiernos de América Latina llegan a la Cop15 reclamando un pacto agresivo y obligatorio para luchar contra el cambio climático, y con diferencias menores en otras prioridades.
Lunes 14 de diciembre de 2009 | | Vida Hoy
América Latina llega a Copenhague con la intención de que el norte rico pague su deuda climática obligándose a reducir gases contaminantes y proveyendo recursos al sur en desarrollo. Pero, ante los riesgos de que esta estrategia fracase, nadie descarta aceptar al menos compromisos políticos.
Todo se dirimirá en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cop15), que desarrolla desde el 7 hasta el 18 de este mes en la capital danesa.
En la “cumbre del clima” se debería adoptar un nuevo régimen de reducción de emisiones más allá de 2012, cuando venza el Protocolo de Kioto, en vigor desde 2005, pero que no establece disminuciones obligatorias de GEI a los países en desarrollo.
América Latina en su conjunto es responsable de apenas 5% de las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales gases causantes del recalentamiento planetario, pero es una de las regiones más vulnerables al cambio climático.
La región ya experimenta sequías, inundaciones, derretimiento de glaciares, aumentos de temperaturas, nuevas plagas agrícolas y enfermedades, como detalla el Primer Informe Regional sobre Cambio Climático, publicado en noviembre en base a consultas con 23 especialistas latinoamericanos.
“Todos los países de América Latina y el Caribe, incluido Chile, estamos buscando un acuerdo jurídicamente vinculante”, dijo el director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile, Álvaro Sapag, quien integra la delegación nacional en Copenhague.
“En el estado actual de la discusión, pensando que estos acuerdos deben construirse por consensos, probablemente no vamos a salir de Copenhague con un texto jurídicamente vinculante que puedan firmar los jefes de Estado”, acotó.
El secretario (ministro) de Medio Ambiente de México, Juan Elvira, comparte esta percepción. “Iríamos por un acuerdo legal, con metas muy bien definidas, pero no descartamos como última línea de negociación un acuerdo político”, planteó.
Sapag espera al menos “un acuerdo político robusto, que permita en un período corto afinar los detalles para tener otro jurídicamente vinculante”, posiblemente en la Cop16 de diciembre de 2010 en México.
Grupo de los 77
Varios países latinoamericanos adelantaron que en la Cop15 se mantendrán en las posturas del Grupo de los 77 y China (G-77), integrado por 130 naciones en desarrollo.
El G-77 insiste en la primacía del principio de las “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”, consagrado en la Convención y en el Protocolo, y que implica dejar el mayor peso de la mitigación a las naciones ricas, principales emisoras de gases contaminantes en la era industrial.
Además, este grupo negociador exige al norte que contribuya con financiamiento y tecnología.
Pero la postura de América Latina no es monolítica.
“Yo diría que hay una opinión única en ciertos temas, como las ‘responsabilidades comunes, pero diferenciadas’ y en la necesidad de muchos recursos para mitigación y adaptación en los países en desarrollo y la responsabilidad histórica” de las naciones industriales, resumió Sapag.
Los gobiernos de la región están alerta ante el riesgo de que, por cuenta del cambio climático, se erijan barreras a la exportación de sus productos.
“Hay países de América Latina que no aceptan instrumentos de mercado como una herramienta que contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero, mientras que otros los aceptan. Algunos quieren que todas las acciones sean reportables, medibles y verificables, y otros que sólo sean voluntarias para los países en desarrollo”, describió.
México, que arroja a la atmósfera 715 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, pretende bajar voluntariamente 50 millones de toneladas para 2012, aunque aclaró que asumiría una disminución obligatoria a largo plazo sólo si recibe fondos y tecnología.
Argentina propone dos juntas ejecutivas que tengan asociados fondos públicos de países industrializados que se integren con un porcentaje del producto interno bruto, que puede oscilar entre 0,5 y 1%.
Buenos Aires también ha insistido en la necesidad de “una transición justa” en el desarrollo sustentable para que la reducción de emisiones no implique impacto en el empleo.
Mientras, Venezuela parece mostrar una postura definida: el norte industrializado tiene la responsabilidad histórica y debe actuar primero.
“Si soy un gran emisor de gases de efecto invernadero, mi responsabilidad es diferente a quien no aporta o comienza a aportar”, afirmó el viceministro de Ordenación y Administración Ambiental, Sergio Rodríguez. Según Rodríguez, el gobierno de Hugo Chávez se plegará en Copenhague a la posición del G-77, al igual que Argentina.
“No tenemos un peso propio como país emisor y tampoco pisamos fuerte en esta negociación”, dijo el director de Cambio Climático de la secretaría de Ambiente de Argentina, Nazareno Castillo.
Otros países, como Uruguay y Chile, no han anunciado metas concretas de reducciones de emisiones GEI, pero sí han validado las acciones de mitigación nacionales apropiadas (NAMA, según sus siglas en inglés), entre las que se incluyen programas de eficiencia energética y la introducción de energías renovables no convencionales.
Para el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Carlos Colacce, este pequeño país sudamericano de 3,3 millones de habitantes ha adoptado una “posición novedosa” ante la cumbre de Copenhague, porque si bien apoya la postura del G-77, está tomando medidas propias para reducir sus emisiones de GEI, “aún sin recibir fondos de los países desarrollados para realizar esta tarea”.
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